La Junta de Castilla y León, nuevamente, intenta aprobar el Decretazo 14/2017, "por la puerta de atrás".


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06 Mar 2019
El Colegio remite petición formal al Procurador del Común de Castilla y León, ante la insistencia de la Junta de Castilla y León, por aplicar el Decreto 14/2017, anulado por el TSJ de Castilla y León el pasado mes de noviembre.
 

Las últimas actuaciones efectuadas por parte de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, en concreto de su Gerencia de Servicios Sociales que, entendemos, ignoran los preceptos básicos de transparencia y buen gobierno, nos hace sospechar que el inusitado e injustificado interés en sacar adelante este Decreto 14/2017, no es otro que por motivos particulares y partidistas que, finalmente, repercutirán en la calidad, los derechos y la asistencia sanitaria de los ciudadanos de Castilla y León.

Tras las diversas reuniones mantenidas, en 2018, entre el CPFCyL y los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Castilla y León,  el Grupo Parlamentario Mixto, a través de su portavoz, José Sarrión, presentó la moción M/000250-01 que, por unanimidad, quedó aprobada M/000250-02, en la cual, se instaba a la Administración a:

  • Garantizar el acceso a los servicios de fisioterapia a toda la población, incluido el medio rural, y de todos los procesos susceptibles de ser tratados con fisioterapia.
  • Potenciar la figura del fisioterapeuta como profesional en la educación para la salud y en promover hábitos de vida saludables en la población al igual que otros profesionales sanitarios.

 

Tras la aprobación de la moción presentada por el Grupo Mixto contra el Decreto 14/2017, el cual, el TSJ de Castilla y León suspendió tras la demanda interpuesta por el CPFCyL,  se insta a la Junta de Castilla y León a respetar los derechos de los usuarios de la Comunidad y garantizar el acceso de los mismos a los servicios de fisioterapia.

Uno de los grandes problemas lo constituye la asistencia de fisioterapia en las residencias de ancianos de la periferia y del medio rural, los cuales, no tienen acceso a los servicios de fisioterapia de atención primaria, ya que no están disponibles en muchos centros de salud, ni tampoco los de atención especializada por la particular complejidad de los desplazamientos a los centros hospitalarios. De este modo, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas ha venido defendiendo la necesidad de mantener el ratio mínimo que la Junta defiende desde el 2001 con su Decreto 14/2001 que, casualmente, ahora parece interesarle enterrar.

El ratio es una ridícula asistencia de 5 horas a la semana en residencias de menos de 50 usuarios, insuficiente, pero, por lo menos, evitar a los ancianos mayores problemas de salud física. 

 

APROBACIÓN DE LA NORMA CUESTE LO QUE CUESTE.

Tras la sentencia del TSJ que declara nulo el Decreto 14/2017 y, el posterior recurso por parte de la Gerencia de Servicios Sociales, es sorpresivo que ésta, nuevamente,  vuelve a publicar íntegramente en el portal de transparencia el Decreto suspendido, sin cambiar una sola coma o punto, intentando, por lo que parece, acelerar su aprobación "por la puerta de atrás", ignorando, como es de esperar, tanto las reclamaciones como la propia resolución judicial. La reacción de los usuarios no se hizo esperar y en esos días en el portal de transparencia se recopilaron más de 1.600 firmas que, suponemos, de nuevo la Gerencia ignorará.

 

APELACIÓN AL PROCURADOR DEL COMÚN DE CASTILLA Y LEÓN.

Desde el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla y León, como garante de los derechos de los usuarios de fisioterapia de la Comunidad, se ha solicitado amparo al Procurador del Común de Castilla y León, con el fin de garantizar y defender los derechos de los usuarios de los servicios sanitarios de la Comunidad, e inste a la Junta, a respetar la voluntad de los ciudadanos a los que representa, las resoluciones judiciales y las mociones de las Cortes de Castilla y León, que obligan a la Junta a promover acciones diametralmente opuestas a las que intentar impulsar.

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